“La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”. Este es el espíritu de la celebración de este día, reivindicado por la Organización de Naciones Unidas.
La justicia social es un asunto que, en el caso de España, debe llevarnos a una profunda reflexión si tenemos en cuenta los datos de desempleo, la creciente desigualdad o el aumento del número de ciudadanos que se acercan a la línea que separa a la clase media de la pobreza.
España se sitúa en el puesto 23 de la Unión Europea
Y los datos son claros. Según el informe anual de la prestigiosa Fundación Bertelsmann, que mide la calidad democrática, la economía y la gobernanza de los países de la eurozona, España suspende en justicia social y se sitúa en el puesto 23 de los 28 países de la Unión Europea.
Solo Italia, Bulgaria, Rumanía y Grecia tienen peores números que nuestro país, el cual, si miramos la evolución de la nota desde el inicio de la crisis en 2008, ha sido el segundo que más ha empeorado. España se sitúa en el furgón de cola de la justicia social en Europa, muy lejos del pelotón de cabeza, ocupado por Finlandia, Dinamarca y Suecia.
La crisis ha hecho estragos en nuestra justicia social. La desigualdad se ha disparado. El salario medio de los españoles ha caído un 22,2% desde 2008 y casi el 29,2% de la población estaba en riesgo de exclusión social a finales de 2014 según el informe que Oxfam Intermón publicó el pasado mes de octubre.
El 22,2% de la población, continúa el informe, está en situación de pobreza (con unos ingresos inferiores a 663,4 euros al mes), mientras que el número de personas en situación de pobreza extrema con unos ingresos inferiores a los 332 euros al mes) ascendía a 3,2 millones, esto es, un 6,8% de la población. Según la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), “las políticas públicas, y en especial el sistema de impuestos y transferencias, no han sido capaces de compensar los efectos negativos de la crisis sobre la distribución personal de la renta”.
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